Yasuní-ITT vs. Mayores Ingresos para el Estado

El 22 de septiembre de 2007, el Primer Mandatario, Rafael Correa, presentó ante el Foro de Presidentes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (ONU) la decisión de mantener el crudo del bloque Ishpingo-Taqmbococha-Tiputini (ITT) indefinidamente bajo tierra, si la comunidad internacional contribuye con al menos la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en el caso de explotar ese crudo.

Se trata de una iniciativa que plantea el compromiso de no explotar 846 millones de barriles de reservas probadas, y 1,530 millones por comprobar de crudo pesado. Esto, con el objetivo de evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de Dióxido de Carbono (CO2) provenientes de la quema de combustibles fósiles y garantizar la conservación de lo que la ONU ha llamado la zona más biodiversa del planeta.

En ese sentido, la propuesta consiste en que a cambio de los USD 6,979 millones en los que están valorados los beneficios por la explotación del bloque ITT, se reciban aportes internacionales que conformarán un fondo de capital administrado por un fideicomiso internacional. En lo referente al capital de la contribución internacional, debe alcanzar, como mínimo, la mitad de los beneficios que recibiría el Ecuador en caso de explotar el petróleo del campo Yasuní-ITT, es decir, USD 3,486.50 millones al menos. Cabe recalcar, que en estas transacciones, el Estado ecuatoriano entregará los Certificados de Garantía Yasuní (CCG) por el valor nominal de las compensaciones. Adicionalmente, la propuesta prevé que el capital del fondo sea invertido en acciones preferentes de renta fija para la expansión en la generación renovable de energía en Ecuador de tal manera que se supere la dependencia de combustibles fósiles que al momento representa el 47% de la generación total.

No obstante, el pasado 9 de enero, el Presidente anunció que de no definirse hasta junio las negociaciones y las condiciones del fideicomiso para el desarrollo del proyecto que estaría a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), empezaría la explotación en ese mismo mes. Lo anterior, debido principalmente a que dentro de las condiciones del fideicomiso el PNUD sería el administrador de los fondos, además de que se basan en donaciones y no contribuciones, alegando que no quiere caridad de nadie sino que le paguen la generación de valor perdida.

Es así, que las negociaciones para el fideicomiso Yasuní-ITT están en su punto más crítico y el Plan B, explotar el ITT, planificado por el Gobierno desde inicios del 2007 y, así obtener insumos para la Refinería del Pacífico, parece ser la opción con mayores probabilidades. Indicando las intenciones originales de extraer los recursos para solventar el gasto estatal. Sin embargo, este plan tiene el problema de ser inconstitucional, debido a que sólo podría ejecutarse si el Presidente lo requiere y la Asamblea lo declara de interés nacional1. Pero teniendo en cuenta que el partido de Gobierno posee la mayoría, la explotación es prácticamente un hecho.

Finalmente, si la disputa originada es debido al impacto ambiental que se podría originar por la explotación, hay que recordar en la actualidad existe la tecnología necesaria para que éstos sean reducidos al más mínimo. Por lo que si finalmente se decide explotar el ITT, lo realmente importante es el uso que se le darán a estos recursos; es decir, si serán utilizados para continuar sustentando los subsidios, subvenciones, transferencias, etc. o se los destinará efectivamente al desarrollo e impulso económico del país.

Análisis de Coyuntura Económica publicado por la Fundación Ecuador Libre el 27 de enero de 2010 - ACE No. 148 " Yasuní-ITT vs. Mayores Ingresos para el Estado " (www.ecuadorlibre.com)